EGAlim III: impacto en la gran distribución

Aprobada inicialmente en 2018, la ley EGAlim tiene como objetivo promover «el equilibrio en las relaciones comerciales entre el sector agroalimentario y la gran distribución». El 30 de marzo de 2023, Egalim III (o ley Descrozaille) reforzó el marco jurídico de las negociaciones entre las cadenas de distribución y los proveedores, y no solo los productores agrícolas.

Repaso de los retos de esta última versión y de su impacto en la gran distribución.

Resumen de las medidas de EGAlim III en la gran distribución

En esta tercera versión, el legislador introduce diferentes disposiciones que contribuyen a reequilibrar la relación de fuerzas entre las partes implicadas en la negociación comercial. Estas pueden resumirse de la siguiente manera: ‍

1. Si un proveedor y una cadena (o central de compras) no han llegado a un acuerdo tras las negociaciones, el proveedor puede decidir dejar de trabajar con dicha cadena. Además, es posible establecer un plazo de preaviso antes de poner fin a la colaboración, con la opción de solicitar la ayuda de un mediador si fuera necesario; 

2. Si una cadena no respeta los plazos previstos para las negociaciones anuales con los proveedores, puede ser sancionada y recibir una multa;

3. La obligación de llevar a cabo la negociación de los convenios de buena fe para garantizar el respeto de las fechas límite y evitar las «prácticas restrictivas de la competencia», las cuales obligan a reparar el perjuicio causado. En otras palabras, las cadenas deben negociar con honestidad y respetar los plazos. Deben evitar cualquier práctica que distorsione la competencia. Si una central o cadena no respeta estas reglas, debe compensar el perjuicio causado;

4. Los tribunales franceses son competentes en caso de litigios entre proveedores y centrales de compras relativos a productos distribuidos en Francia, para evitar así los efectos de la «evasión jurídica». Esto busca impedir que las empresas intenten recurrir a legislaciones de otros países que les resulten más favorables; 

5. Si un proveedor no cumple con sus compromisos de entrega o logística, las penalizaciones no pueden superar el 2 % del valor de los productos afectados. Las sanciones se notifican a las autoridades y la Ley prevé un convenio logístico separado del convenio comercial. ;

6. Regulación de las promociones y del umbral de venta a pérdida (véase más adelante).

Fuentes: 

• Entreprendre Service Public

• EGAlim 3: LEY n.º 2023-221 del 30 de marzo de 2023

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Regulación de las promociones y del umbral de venta a pérdida

Las medidas introducidas por EGAlim 1 y 2 se prolongan mediante EGAlim 3.

Productos de gran consumo

• Las promociones tienen un límite máximo del 34 % de su valor y del 25 % en volumen, con el objetivo de proteger a las pymes francesas frente a promociones perjudiciales para su viabilidad.

Productos alimentarios

• Hasta el 15/04/2026, las promociones tienen un tope del 34 % del valor de los productos en las grandes superficies y del 25 % en volumen;

• Hasta el 15/04/2025, los distribuidores tienen la obligación de vender los productos al precio al que los compraron incrementado en un 10 % (excepto frutas y verduras).

‍Con el fin de proteger a las industrias francesas, EGAlim III también regula las promociones aplicadas por la gran distribución en los productos de gran consumo no alimentarios. El límite del 34 % ya estaba en vigor para los productos alimentarios desde 2018, pero ahora se aplica a la sección de droguería, perfumería e higiene (DPH).

‍De este modo, el Gobierno pretende proteger a las pymes francesas cuya existencia se ve amenazada por la presión sobre los precios impuesta por los distribuidores. Las cadenas siguen teniendo derecho a aplicar descuentos en las tiendas, pero ahora están regulados por ley, al igual que ocurre con los productos alimentarios. La protección de los márgenes de los fabricantes debe beneficiar así al conjunto del sector alimentario.

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Evolución de la ley Egalim

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Límites de Egalim III y evasión por parte de ciertas cadenas

En febrero de 2024, Bruno Le Maire anunció un control masivo de los contratos de distribución para verificar la aplicación de Egalim III, con la posibilidad de imponer sanciones financieras sustanciales en caso de incumplimiento. ¡Y es que el descontento arrecia en el sector agrario! Con razón, ya que EGAlim se centra en gran medida en las relaciones entre proveedores y distribuidores. Ahora bien, para ajustarse a los precios impuestos por la gran distribución, los fabricantes suelen optar por sacrificar los márgenes de sus proveedores en lugar de los suyos propios, lo que resulta en una ausencia total de mejoras en determinados casos. 

Sin embargo, este no es el único obstáculo con el que tropieza la ley. Las autoridades tienen en el punto de mira un entramado financiero específico: algunas cadenas han creado centrales de compra en el extranjero para esquivar las restricciones impuestas por Egalim III a las adquisiciones. Las marcas de distribuidor se benefician a menudo de este aprovisionamiento a menor coste, lo que engrosa la rentabilidad de las cadenas con sus propios productos. Dicho esquema debilita todos los objetivos de equidad perseguidos por el legislador.

Cabe señalar que Egalim es una ley francesa y que las acciones antes mencionadas no contravienen necesariamente el derecho europeo. En la práctica, se articulan redes de suministro a través de asociaciones intraeuropeas, en particular con España. Como sucede a menudo, la cuestión del derecho comunitario se sitúa en el centro de las implicaciones financieras y legales para las empresas galas. El presidente de la República se pronunció de manera inequívoca al calificar las centrales de compra europeas como un «mecanismo para eludir la ley francesa».

La inflación constituye otro de los límites que Egalim deja sin regular: mientras que los contratos de suministro en el ámbito de la contratación pública contemplan por lo general un posible incremento de precios (a menudo limitado al 5 %) en caso de inflación demostrable y previa presentación de los justificantes correspondientes, los contratos de la gran distribución tienden a ignorar esta medida de sentido común. Son, por ende, los fabricantes y, como consecuencia directa, los agricultores quienes asumen los costes. 

Los agricultores se muestran, pues, ampliamente insatisfechos con el escenario actual, y la nueva versión proyectada para el verano de 2024 debería centrarse de forma prioritaria en la producción agrícola.

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La gran distribución contraataca

Por su parte, la gran distribución francesa muestra su sorpresa al verse sometida a semejante presión, mientras que la restauración colectiva aún se encuentra lejos de cumplir los objetivos marcados por EGAlim.

Asimismo, los distribuidores exigen al legislador que obligue a los fabricantes a negociar sus compras con los agricultores antes de iniciar las negociaciones anuales con las cadenas de distribución, asumiendo de este modo la responsabilidad sobre los niveles retributivos impuestos al campo.

De hecho, la ley vigente no exige a los proveedores que revelen sus precios de compra de materias primas a los distribuidores. Estos últimos abogan por fijar un marco de transparencia a este respecto para evitar cargar con las repercusiones derivadas de las prácticas comerciales adoptadas por la industria.

Por último, en relación con las centrales de compra europeas, la gran distribución argumenta que estos mecanismos operan con normalidad en otras industrias y hacen posible, precisamente, la defensa de las empresas francesas frente a los gigantes estadounidenses o chinos.

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